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    • Un campo capaz de generar 250.000 millones puede caer en unas pocas manos


    El nuevo presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha anunciado que se propone poner en marcha en menos de un año el mercado único digital, que es precisamente el sector en el que menos podrían influir las fronteras físicas. Hay muchas compañías que tienen miedo ante la exposición a la competencia de otros países y otros temen que la apertura de un mercado de 500 millones de consumidores potenciales solo beneficie a las grandes marcas, que en el mundo de la red están ya en condiciones de casi monopolio.

    La resolución aprobada este jueves en el Parlamento Europeo pidiendo que ese desarrollo del mercado único se haga en condiciones de imparcialidad debe entenderse en este sentido y, aunque no se mencionaba la palabra «Google», los autores tenían en mente el problema que supone abrir semejante espacio de negocio para una empresa que copa todos los sectores comerciales en internet y almacena una cantidad inimaginable de datos.

    «Creo que debemos utilizar mucho mejor las grandes oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales, que no conocen fronteras. Para ello, tendremos que tener la valentía de romper los compartimentos nacionales en materia de regulación de las telecomunicaciones, de legislación de derechos de autor y protección de datos, de gestión de las ondas de radio y de aplicación del Derecho de la competencia», ha dicho Juncker en su declaración de intenciones al comienzo de esta legislatura.

    Garantías de competencia
    El presidente cree que este objetivo podría suponer hasta 250.000 millones de euros de crecimiento económico adicional a lo largo de los próximos cinco años y grandes beneficios para los consumidores, que verían desaparecer cosas como el roaming telefónico o los obstáculos para descargar o disfrutar de servicios audiovisuales con independencia del lugar de residencia. Con un mercado único digital, Juncker afirma que «podemos crear unas condiciones de competencia equitativas gracias a las cuales todas las empresas que ofrezcan sus bienes o servicios en la Unión Europea estén sujetas a las mismas normas en materia de protección de los consumidores y protección de datos, con independencia del lugar en que se encuentre su servidor».

    La expansión horizontal del mercado europeo es el mundo perfecto para Google. Por ello, en la resolución le pedía la Comisión que en este camino hacia la creación de un mercado único digital, tenga en cuenta que «el mercado de las búsquedas en línea es de particular importancia para garantizar las condiciones de competencia, dado el potencial de desarrollo de motores de búsqueda y la posibilidad que tienen de comercializar la explotación secundaria de la información obtenida».

    La resolución aprobada se ha conocido porque esgrime la opción de que la Comisión pudiera optar por trocear al gigante de las búsquedas -la «separación de los motores de búsqueda de otros servicios comerciales», tal como se ha descrito- como medio para garantizar la competencia en el desarrollo del nuevo mercado digital. Aunque puede que estas iniciativas lleguen tarde porque, como explica el eurodiputado convergente Ramón Tremosa, uno de los promotores de la resolución del Parlamento Europeo, Google «ya tiene una cuota de mercado del 90% en muchos Estados miembros y con eso puede dar un tratamiento preferente a sus propios servicios».

    Hasta ahora, la Comisión mantiene abierto un expediente por abuso de posición dominante desde 2011 y los tres intentos de llegar a un acuerdo no han tenido éxito. La Asociación Europea de Editores de Diarios (ENPA, en la que está asociada la AEDE española) ha sido uno de los actores que ha mantenido viva la presión sobre la Comisión, a la que ha pedido que no acepte ninguna de las soluciones parciales que proponía Google.

    El Ejecutivo comunitario tiene la experiencia de su batalla contra Microsoft por su monopolio en los navegadores, que se saldó con varias multas de cientos de millones de euros. Si Bruselas se atreviese a multar a Google sería sin duda una decisión histórica, no solo por los 4.600 millones de euros que podría suponer la sanción, sino porque abriría sin duda un pulso jurídico-político de dimensiones desconocidas.

    La decisión del Parlamento Europeo tiene que ver también con el hecho de que la UE negocia en estos momentos un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que crearía la mayor área de integración económica del mundo, y la más rica, con diferencia. Google tiene más fuera al otro lado del Atlántico, como demuestra el hecho de que un grupo de congresistas haya enviado una carta a los grupos políticos del Parlamento Europeo protestando por la aprobación de esta resolución, que de todos modos no tiene ningún valor legal.

    Bruselas puede optar por la división forzosa o prohibición de actividades
    M. VELOSO MADRID
    Bruselas mira con recelo a Google no solo por sus prácticas fiscales, sino también por su posición de dominio en el mercado. La resolución aprobada el jueves en el Parlamento Europeo esgrimía este jueves la amenaza de que la Comisión pudiera ordenar que el gigante se dividiera en varias sociedades. Ahora bien, esa resolución no es vinculante y, además, ni la Comisión ni el sector tecnológico y de las comunicaciones se imaginan siquiera como se llevaría a cabo.

    La UE acusa a la compañía estadounidense de priorizar sus contenidos, servicios y publicidad en los resultados de las búsquedas que hacen los internautas. «No deberíamos sorprendernos, ya que el modelo de negocio de los buscadores se basa en la publicidad», señala Telefónica en su Manifiesto Digital, que resume la posición de los operadores de telecomunicaciones europeos y americanos.
    La vía más sencilla para conseguir esa separación de negocios sería que la CE obligase a Google y al resto de servicios y negocios en línea (los conocidos como «over the top», entre ellos también Facebook y Whatsapp) a dividir en distintas empresas su servicio tradicional, en este caso el buscador, y los demás que giran en torno a él, como los contenidos propios.
    Esta fórmula fue la elegida por España a raíz de una directiva europea para liberalizar el sector energético, lo que forzó a compañías como Iberdrola, Endesa y Gas Natural a crear diferentes sociedades para los distintos negocios -generación, distribución y comercialización- en los que operan. Y aunque en la teoría tendría que haber incentivado la entrada de otras compañías y una mayor competencia, en la práctica los mismos grupos, a través de diferentes sociedades, siguen controlando ese mercado.
    Así las cosas, la propuesta sin detallar de Bruselas podría incluir en último término y como vía más traumática la prohibición del ejercicio de determinadas actividades, medida extrema pero de la que también hay precedentes.

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