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Las aplicaciones de mensajes deberán verificar los datos de registro de los usuarios con su operador móvil

El gobierno de Rusia ha decretado que todos los usuarios de aplicaciones de mensajería deben ser identificados, medida que especialistas en forense digital y ciberseguridad consideran como una ofensa a la libertad de los usuarios de Internet. El decreto, firmado por el primer ministro Dmitry Medvedev, fue publicado este martes y entrará en vigor dentro de seis meses.

De esta manera, cuando un ciudadano ruso se registre en un servicio de mensajería, el operador de ese servicio deberá verificar sus datos de registro a través de su operador de telefonía móvil, que dispondrá de 20 minutos para responder a cada solicitud de información y tendrá que registrar información sobre las aplicaciones de mensajería que utiliza cada cliente.

Si el usuario cambia de operador de telefonía móvil y se registra con un nuevo proveedor, se verá obligado a pasar nuevamente por el proceso de identificación. La responsabilidad de todo esto recae en los proveedores de servicios de mensajería. Según Alexander Zharov, jefe de la entidad reguladora de medios Roskomnadzor, el objetivo de la medida es combatir el uso del anonimato en los servicios de mensajería.

Zharov declaró ante especialistas en seguridad informática y forense digital que esta nueva medida es “un paso necesario para crear un entorno de comunicación seguro para los ciudadanos y para el Estado en general”. El funcionario también informó que el proveedor de red ruso MTS dijo que el sistema requeriría nuevas “mejoras técnicas” por parte de los operadores, pero que las bases de datos que se necesitan ya están implementadas.

Sin embargo, no está claro qué sucederá en los casos en que los usuarios tengan una tarjeta SIM extranjera.

Esta nueva medida se suma a una creciente lista de políticas gubernamentales que limitan la libertad del uso de Internet en Rusia. Acorde a reportes de especialistas en forense digital del Instituto Internacional de Seguridad Cibernética, en julio pasado entró en vigor una ley de retención de datos que obliga a los proveedores de telecomunicaciones a almacenar los detalles de las comunicaciones de todos los usuarios, con el propósito de ayudar a las autoridades rusas en futuras investigaciones.

Esa medida fue definitivamente un movimiento costoso para los operadores móviles que operan en Rusia, cada uno de los cuales deberá invertir cerca de 550 millones de dólares durante los próximos 5 años para cumplir con la implementación de los sistemas que requiere esta ley.

Por su parte, se ha solicitado a los proveedores de servicios de mensajería encriptada brindar acceso a los chats de sus usuarios, si así lo requieren las autoridades. Telegram, la aplicación de mensajería fundada por el empresario ruso Pavel Durov, ha sido prohibida en Rusia desde abril debido a su negativa a entregar esas claves de cifrado.

El uso de redes privadas virtuales (VPN) también ha sido prohibido en Rusia desde. Incluso se ha llegado a perseguir legalmente a ciudadanos rusos por compartir en sus perfiles de redes sociales información prohibida o sentimientos considerados “extremistas”, que pueden abarcar desde simpatía con movimientos terroristas hasta críticas a Vladimir Putin o la Iglesia ortodoxa rusa.

Recientemente fue publicado el Índice Global de Libertad en Internet, elaborado por la organización no gubernamental Freedom House, en el que Rusia descendió en el ranking por sexto año consecutivo, ubicándose en el lugar 53 de 65 países, por detrás de lugares como Turquía y Venezuela.

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